Lección 11 Flashcards
(19 cards)
Organización territorial del Estado en la CE de 1978
Fue uno de los temas más conflictivos para las Cortes constituyentes. España como a pesar de ser uno de los estados más antiguos de Europa, ha crecido históricamente de una solución pacíficamente aceptada su articulación territorial, a pesar de la existencia de hechos diferenciales en algunas zonas.
Centralismo histórico en España
España se caracterizó por el centralismo, especialmente tras los Decretos de Nueva planta de Felipe v que acabaron con los regímenes particulares, y en la época contemporánea con la estructura provincial diseñada por Javier de Burgos. La Constitución de 1978 busca superar esa tradición centralista con el Estado de las autonomías.
Principio de unidad
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Este es un principio estructural que garantiza la integridad territorial y política del Estado.
Principio de autonomia
El Art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Se refiere a la capacidad de las comunidades autónomas para autogobernarse, con sus propias instituciones y competencias, dentro del marco constitucional.
Principio de solidaridad
Implica el compromiso del estado de las comunidades autónomas de colaborar y ayudarse mutuamente para el desarrollo equilibrado de todas las partes del territorio español, sin que existan privilegios económicos o sociales. Se traduce en mecanismos como los fondos de compensación interterritorial.
Principio de igualdad
Garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos y deberes en cualquier parte del territorio del estado. Es un limite a la autonomía para evitar que las diferencias normativas entre CCAA generen desigualdades fundamentales entre ciudadanos.
Principio de unidad económica
Se deduce de varios preceptos constitucionales, especialmente el Art. 139.2 CE, y se ha concretado con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (2013). Asegura la eliminación de fronteras interiores y una acción económica internacional unitaria, actuando como límite al ejercicio de competencias tanto del estado como de las CCAA para evitar la fragmentación del mercado.
El acceso a la autonomía: vía ordinaria o lenta (Art. 143 CE)
Esta vía permite acceder a la autonomía a todas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Requiere la iniciativa de las diputaciones y 2/3 de los municipios, y la aprobación por Ley Orgánica de las Cortes Generales. se prevé un plazo de 5 años para que las CCAA accedidas por esta vía puedan ampliar sus competencias.
El acceso a la autonomía: vía especial o rápida (Art. 151 CE)
Permite a las CCAA asumir el máximo nivel de competencias desde el principio. Es la vía para las nacionalidades históricas. Requiere la iniciativa de las diputaciones y 3/4 partes de los municipios, ratificación por referéndum, y la elaboración del Estatuto por una Asamblea de parlamentarios y aprobación por Ley Orgánica.
El estatuto de autonomía: naturaleza jurídica
Es la norma institucional básica de la CA. Tiene una doble naturaleza jurídica: es una Ley Orgánica del estado y a la vez es la norma suprema dentro del ordenamiento de la CA, subordinada solo a la Constitución.
Contenido del Estatuto de autonomía (Art. 147.2 CE)
Los estatutos deben contener necesariamente:
- denominación de la comunidad.
- delimitación de su territorio.
- denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- las competencias asumidas dentro del marco establecido por la Constitución.
Reforma de los estatutos de autonomía
La reforma de los estatutos se establece en los propios estatutos y requiere, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. El procedimiento es complejo y busca garantizar la estabilidad y el consenso, reflejando la doble naturaleza de los estatutos como norma estatal y autonómica.
Distribución de competencias: principios generales
La CE 1978 establece una distribución de competencias entre el estado y las CCAA, basada en listados de competencias exclusivas del estado (Art. 149.1 CE) y una cláusula abierta para que las CCAA asuman competencias en sus estatutos. Las CCAA pueden desarrollar y ejecutar la legislación estatal, pero en general, el estado tiene la última palabra sobre las bases.
Competencias Exclusivas (Estado y CCAA)
- Estado (Art. 149.1 CE): Materias sobre las que el Estado tiene plena competencia (ej. nacionalidad, defensa, relaciones internacionales, justicia, legislación mercantil, penal, laboral, hacienda general del Estado).
- CCAA (Estatutos): Materias en las que la CA tiene plena competencia, siempre que no estén reservadas al Estado.
Competencias Compartidas
El Estado establece las bases o la legislación básica, y las CCAA tienen competencia para el desarrollo legislativo de esas bases y su ejecución. (Ej. medio ambiente, sanidad).
Competencias Concurrentes
Tanto el Estado como las CCAA pueden legislar y ejecutar sobre la misma materia, pero con un principio de prevalencia de la legislación estatal en caso de conflicto.
Cláusula de Cierre (Art. 149.3 CE)
Establece la regla general sobre la atribución de competencias no asumidas por las CCAA: “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas supletorias regirán, en todo caso, en lo que no sea de la exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma.”
Principio de Supletoriedad (Art. 149.3 CE)
Las normas estatales actúan supletoriamente en aquellas materias en las que la CA no haya asumido competencia o no haya legislado, siempre que no sea de la exclusiva competencia de la CA. Este principio ha generado controversia y el TC lo ha interpretado de forma restrictiva.
Sistema de Financiación Autonómica (Art. 156-158 CE)
Se basa en la autonomía financiera de las CCAA y la solidaridad. Las CCAA disponen de recursos propios (impuestos cedidos, tasas, recargos), y reciben transferencias del Estado, incluyendo el Fondo de Compensación Interterritorial, para garantizar que todas las CCAA puedan ejercer sus competencias y los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos básicos en condiciones similares.
