TEMA 3: Actividad de prestación y garantía Flashcards
(7 cards)
34 – Sobre el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
El artículo 106 TFUE impone a las empresas encargadas de gestionar servicios de interés económico general el sometimiento a las reglas de la competencia. Estas entidades no pueden recibir ayudas, transferencias públicas ni privilegios, y deben recibir el mismo trato que cualquier otro operador económico. Quedan excluidos, sin embargo, los servicios de interés no económico general, a los que no se aplican dichas reglas. Esto implica que la Administración puede reservarse su prestación sin someterse a la competencia —incluso en régimen de monopolio o con derechos exclusivos— siempre que se financien total o parcialmente con fondos públicos. No obstante, si opta por acudir a terceros, deberá respetar las normas de contratación pública. En la práctica, es habitual que estos servicios se presten de forma mixta, combinando iniciativa pública y privada.
35 – Sobre los servicios de interés no económico general
45 – Determinación de los servicios de interés económico general
Por lo que respecta a las actividades y servicios que constituyen servicios de interés económico general, su determinación corresponde, en principio, a la normativa nacional. El Derecho de la Unión Europea parte de un principio general de libertad, dejando a los Estados miembros la competencia para decidir qué servicios consideran de interés económico general. Por ejemplo, un Estado puede decidir que ciertas rutas aéreas queden sometidas a obligaciones de servicio público, lo que implica condiciones específicas de frecuencia y precio. Es posible, sin embargo, que un Estado no imponga tal consideración a ninguna de sus rutas. No obstante, esta libertad estatal no impide que también el Derecho de la Unión califique ciertos servicios como de interés económico general, como ocurre con algunos servicios postales.
57 – Formas de gestión de los servicios públicos
Las formas de gestión se clasifican, y así ha sido tradicionalmente, en dos
grandes categorías. Por un lado, la gestión directa, que comprende aquellas formas
de gestión en las que el servicio es prestado directamente por la Administración. Por
otro lado, la gestión indirecta, en la que la Administración contrata a un tercero
para que realice la prestación en que consiste el servicio. En este caso, el contratista
está sujeto a importantes potestades que ostenta la Administración (de supervisión
e inspección, de modificación, tarifaria) en su condición de titular y responsable del
servicio.
58 y 59 – Gestión directa de los servicios públicos
Dentro de la gestión directa existen distintas modalidades según el grado de autonomía organizativa y funcional. La primera opción es que la propia Administración preste el servicio por sí misma, utilizando su estructura ordinaria o mediante un órgano interno con funciones específicas —es decir, mediante órgano especial—. Esta opción se caracteriza por una baja diferenciación orgánica y está pensada para servicios simples y dirigidos a un número limitado de usuarios, como ocurre con los servicios de biblioteca municipal.
Otra modalidad dentro de la gestión directa es la creación de un ente instrumental por parte de la Administración competente. Este ente puede tener naturaleza jurídica pública (como un organismo autónomo o entidad pública empresarial) o privada (como una sociedad mercantil pública). Estos entes tienen personalidad jurídica propia y, por tanto, mayor autonomía funcional y organizativa, lo que los hace adecuados para prestar servicios complejos a un número elevado de usuarios. Ejemplos comunes de esta forma de gestión se encuentran en los servicios de salud autonómicos (como el SAS u Osakidetza) o en el ámbito cultural mediante organismos autónomos locales o sociedades municipales.
60 – Gestión indirecta de los servicios públicos
Las formas de gestión indirecta se regulan principalmente a través de la legislación sobre contratos del sector público. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, adapta el ordenamiento jurídico español a las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, lo que ha supuesto una importante reforma del régimen anterior. Así, la gestión indirecta se articula mediante el contrato de concesión de servicios públicos (art. 15 LCSP) y el contrato de servicios, cuando haya prestaciones directas a la ciudadanía (art. 17 LCSP).
La diferencia esencial entre ambos contratos radica en si el contratista asume o no el riesgo operacional. Si lo asume, se trata de una concesión; si no, de un contrato de servicios. Por ejemplo, si se paga 3.000 euros al mes por explotar una piscina, se trata de un contrato de servicios. Si, en cambio, se da la gestión de instalaciones deportivas a cambio del riesgo de explotación (ingresos según el número de usuarios), estaríamos ante una concesión de servicios.
65 – Principio de continuidad
El principio de continuidad es uno de los más relevantes en la actividad de prestación de los servicios públicos. Garantiza que dicha actividad esté siempre a disposición de los ciudadanos de forma regular y sin interrupciones arbitrarias o injustificadas. No debe interpretarse de forma literal como una disponibilidad ininterrumpida de veinticuatro horas al día durante todo el año, sino conforme a la naturaleza del servicio concreto. En algunos casos, como el suministro de agua potable o la atención de urgencias médicas, sí será necesaria una disponibilidad total y continua. En otros, la continuidad se refiere a una prestación estable y periódica dentro de los horarios establecidos, como una biblioteca municipal que abre de 9 a 21 h o las consultas médicas especializadas en hospitales.
