ÁREA 4: Tema 33.I. Política Agraria Común (PAC) Flashcards
ORIGEN, PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS
A pesar de la pérdida de peso socioeconómico acontecida en los últimos años, en la UE el sector agrario tiene una especial relevancia.
La actividad agraria tiene importancia desde el punto de vista económico, pues aporta en torno al 2,7% del PIB nacional y acapara el 3,8% de la población activa, y además es la gran abastecedora de materia prima a la industria de transformación, la cual constituye uno de los principales motores económicos comunitario y nacional. Pero también tiene importancia desde el punto de vista cualitativo, pues se trata de un sector estratégico al garantizar el abastecimiento alimentario de la población, y favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, y la base del desarrollo rural y del mantenimiento de su tejido social, pues cerca del 80% del territorio de la UE se considera zona rural, donde reside aproximadamente la mitad de la población.
Las producciones agrarias han aumentado espectacularmente desde la creación de la UE gracias a las mejoras tecnológicas y estructurales, a la PAC y a la creación del mercado único.
Actualmente la UE es una de las primeras potencias agrarias mundiales, siendo autosuficiente en la mayoría de los productos agrarios y el primer exportador mundial de estos productos. En los últimos años la evolución económica y social ha producido una disminución muy importante en el número de agricultores y de explotaciones agrarias aunque la producción agrícola y ganadera haya aumentado. El peso del sector productor también ha disminuido en el conjunto de la economía, pero no el conjunto del sector agroalimentario. La industria y la distribución agroalimentarias son de los principales sectores económicos en muchos EEMM, incluido España.
El Tratado de Roma de 1957 por el que se creó la CEE establecía como objetivos de la misma:
- el desarrollo armónico de las actividades económicas
- la expansión continua y equilibrada de las economías de los estados miembros
- la búsqueda de una creciente estabilidad política, económica y social
- la elevación acelerada del nivel de vida
- el estrechamiento de las relaciones de todo tipo entre los estados miembros.
Para la consecución de lo anterior se propuso el desarrollo de un mercado común, que a su vez suponía asegurar la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores con la creación de una unión aduanera. También se preveía la armonización de las políticas económicas de los EEMM y el desarrollo de políticas sectoriales comunes, especialmente en los ámbitos de la agricultura, los transportes y las relaciones comerciales con terceros estados.
El propio Tratado de Roma preveía la configuración de una política agraria comunitaria (que en sus inicios incluía al sector pesquero) atribuyéndose a la Comunidad las competencias globales en materia de pesca y agricultura.
La razón para esta prioridad agraria en el ámbito europeo respondía a una tradición no sólo histórica, sino sobre todo económica (consecuencia de las características económicas diferenciales del sector agrario), y a la situación en que se encontraban los países europeos al término de la Segunda Guerra Mundial, con un elevado grado de desabastecimiento alimentario, con déficit en la mayoría de productos agroalimentarios, así como una precaria producción industrial.
Por todos estos motivos, la agricultura ocupaba el Tratado de Roma un lugar relevante (Título II del Tratado) fijándose como una de sus actuaciones principales la creación de una política agraria común.
La PAC se crea en 1962 con los siguientes objetivos, que ya fueron establecidos en el Tratado de Roma:
- Incrementar la productividad de las producciones agrarias.
- Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, en especial aumentando la renta individual de los que trabajan en la agricultura y equiparándola a las del resto de sectores económicos.
- Estabilizar los mercados agrarios, tanto en suministros como en precios.
- Garantizar los abastecimientos alimentarios.
- Asegurar al consumidor un abastecimiento a precios razonables.
La complejidad de los problemas agrícolas y de los acuerdos sobre la política a seguir impidieron a los redactores del Tratado de Roma concretar disposiciones que dieran un contenido preciso al mercado común agrario, por lo que el Tratado sólo contempló en su articulado las líneas maestras que tendrían que inspirar en adelante al sector agrícola comunitario, proponiéndose para una conferencia posterior el desarrollo del mismo. El contenido del articulado se empezaría a desarrollar un año después (1958), en la conferencia de Stressa, donde se perfilaron las etapas a seguir en el desarrollo de la PAC y se establecieron los principios básicos de la PAC.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PAC
- unidad de mercado: esto es, la libre circulación de mercancías agrarias entre los Estados miembros, con supresión de cualquier barrera aduanera, lo que a su vez, exigió el establecimiento de precios y normas comunes de competencia, armonización administrativa y de los controles sanitarios y la armonización de legislaciones nacionales en materia alimentaria y sanitaria. La libertad de circulación de los productos agrícolas pasó a constituir una de las reglas fundamentales de la Comunidad y un elemento clave para el buen funcionamiento del pretendido mercado único.
- Preferencia comunitaria: lo que significa que en el mercado común debía darse prioridad a la comercialización de la producción de los Estados miembros frente a la de países terceros, ajustando los precios de los productos mundiales a niveles comunitarios. Con él, además de proteger a los agricultores frente al exterior se aislaba en lo posible el mercado interior de las fluctuaciones del mercado exterior, consiguiéndose así uno de los objetivos del Tratado de Roma.
- Solidaridad financiera: es decir, la financiación de la política agraria comunitaria con fondos comunes participados por todos los Estados miembros con independencia del país o producto destinatario.
En base a los objetivos y principios establecidos, se configuró una política agraria comunitaria que intentaba regular la actividad agraria comunitaria desde la producción a la comercialización, usando dos instrumentos básicos:
- una política de precios y mercados, que constituye actualmente el primer pilar de la PAC
- una política socio-estructural, que constituye actualmente el segundo pilar de la PAC
PARA LA FINANCIACIÓN DE LA PAC
Para la financiación de la PAC se crea en 1962 un instrumento financiero específico: el Fondo europeo de orientación y garantía agrarias (FEOGA), con dos secciones diferenciadas:
o Garantía: destinada a sufragar los gastos originados por la política de precios y mercados.
o Orientación (1964): destinada a sufragar la política socio-estructural.
En 2005 se aprobó un Reglamento que dividió el FEOGA en dos fondos distintos:
- el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), para financiar las medidas del primer pilar, y
- el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para cofinanciar la mejora de la competitividad, las medidas medioambientales y el desarrollo rural (segundo pilar)
EVOLUCIÓN Y REFORMAS
PRIMERA ETAPA. DESDE EL ORIGEN EN LOS AÑOS 50 HASTA LOS AÑOS 80 DEL SIGLO XX
Como hemos comentado, la PAC nace en el entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho justificó el establecimiento de una política intervencionista y productivista con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Por ello, la PAC se centró en el establecimiento de medidas dentro de su política de precios y mercados. Dichas medidas dieron sus frutos a lo largo de las siguientes décadas de tal manera que la situación comunitaria se tornó de deficitaria a excedentaria.
SEGUNDA ETAPA. APARTIR DE LOS AÑOS 80-1999
En la década de los ochenta el gasto destinado a la PAC se había disparado como consecuencia del coste desencadenado por la existencia de excedentes. La aplicación de medidas de intervención (ayudas al almacenamiento privado y compras públicas) y las ayudas a la exportación para dar salida a los excedentes comunitarios en el mercado internacional eran las medidas más costosas de la PAC. El creciente gasto agrícola y la necesidad de paliar los desequilibrios entre oferta y demanda motivaron la primera gran reforma de la PAC: la reforma de la PAC de 1992 o reforma McSharry, que supuso una transición desde las ayudas ligadas a la producción a las ayudas ligadas a la renta.
La reforma de 1992, que supuso un profundo cambio de la PAC, se basó en la reducción de los precios institucionales agrícolas para aumentar la competitividad de los productos en el mercado interior y mundial, la compensación por medio de ayudas directas de la pérdida de ingresos experimentada por los agricultores, así como en diversas medidas relacionadas con la protección del medio ambiente (medidas de acompañamiento).
Desde la reforma de 1992 y los acuerdos de Marrakech, se reorientó hacia una política de precios y ayudas.
TERCERA ETAPA: AGENDA 2000
Las crisis alimentarias de la década de los 90, la ampliación de los países de Europa central y oriental (PECO) y la Conferencia sobre Desarrollo Rural de Cork impulsaron una nueva reforma de la PAC, la Agenda de Berlín o Agenda 2000, que estableció la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC. Además, se integraron un mayor número de consideraciones medioambientales y estructurales en la PAC y la mejora de la calidad y la seguridad de los alimentos.
La Agenda 2000 preveía una revisión intermedia que se constituyó como la base de la reforma de 2003.
REFORMA DE 2003 (ACUERDO DE LUXEMBURGO)
En 2003 la Comunidad Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los agricultores denominado Pago Único o ayudas desacopladas de la producción. Según este sistema a los agricultores se les asignaban derechos de ayuda, calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado período de referencia, que eran independientes de sus niveles de producción. El Pago Único tenía como objetivo buscar una mayor orientación al mercado (produciendo lo que el mercado demande). Esta nueva “ayuda única por explotación” se vinculó al respeto del medio ambiente, la seguridad alimentaria y las normas sobre el bienestar animal (lo que se denomina condicionalidad).
REFORMA DE 2008
La posterior reforma de 2008 denominada “chequeo médico” y la reforma de 2011 buscaban reforzar la competitividad económica y ecológica del sector agrícola, fomentar la innovación, luchar contra el cambio climático y apoyar el empleo y el crecimiento en las zonas rurales.
REFORMA DE 2013
La reforma de 2013, cuyo debate se inició en 2010, supuso la penúltima fase de este proceso de evolución de la PAC.
El marco jurídico fruto de la misma abarcaba en un principio el periodo comprendido entre 2014 y 2020. La adopción final de los textos legislativos tuvo lugar en 2013, y la reforma entró en vigor en 2014, si bien muchas de las nuevas normas solo fueron aplicables a partir de 2015, para que los Estados miembros tuvieran tiempo suficiente de adaptarse a la nueva política e informar y preparar a los agricultores.
Los actos normativos de base eran:
el Rgto 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER
el Rgto 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC
el Rgto 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común
el Rgto 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios
MARCO JURÍDICO
Si bien la penúltima reforma de la PAC entró en aplicación en 2015, la necesidad de adaptarla al nuevo contexto socioeconómico (disminución de los precios agrícolas, evolución de las negociaciones comerciales desde los acuerdos multilaterales a los bilaterales, nuevos compromisos internacionales, Brexit, etc.), llevó a la Comisión Europea a acometer una nueva reforma, presentado en 2018 las propuestas reglamentarias de la inicialmente denominada PAC post 2020, que finalmente se adoptaron y entraron en vigor en diciembre de 2021 y se aplican desde el 1 de enero de 2023. Así, los actos jurídicos de base de la actual PAC son:
Reglamento 2021/2115 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los EEMM en el marco de la PAC y se derogan los Reglamentos 1305/2013 y 1307/2013;
Reglamento 2021/2116 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC y por el que se deroga el Reglamento 1306/2013;
Reglamento 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, modificado por el nuevo Reglamento 2021/2117, que modifica también los Reglamentos 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión.
Si bien en un principio estaba previsto que la nueva PAC se aplicase desde 2021, la complejidad de los debates sobre la reforma en el Parlamento Europeo y en el Consejo, así como de las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), pusieron de manifiesto que el procedimiento legislativo no concluiría a tiempo para poder aplicar a partir del 1 de enero de 2021 las nuevas normas y los planes estratégicos.
Por consiguiente, fue necesario prever un período transitorio, adoptándose para ello un “Reglamento de Transición” (Reglamento 2020/2220), que asegurase un marco jurídico estable al permitir la continuidad del marco jurídico de 2013 hasta la entrada en aplicación de la nueva PAC, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros elaborar sus planes estratégicos y para planificar su aplicación. A su vez, fue necesario adaptar nuestro marco jurídico nacional a este período transitorio, para lo cual se aprobó el Real Decreto 41/2021 por el que se establecían las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014.
Posteriormente, con el fin de adaptar el marco jurídico nacional al europeo, a nivel nacional se ha adoptado un amplio paquete legislativo, conformado por un total de 19 normas, de entre las que cabe destacar:
Ley 30/2022 por la que se regulan el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas.
Real Decreto 1045/2022 sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.
Real Decreto 1046/2022 por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader.
Real Decreto 1047/2022 por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la PAC.
Real Decreto 1048/2022 sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la PAC, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
Real Decreto 1049/2022 por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la PAC que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
Real Decreto 1054/2022 por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.
Real Decreto 906/2022 por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.
Real Decreto 147/2023 por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el PEPAC.
Estas normas regulan cuestiones ligadas directamente a la gestión de las ayudas establecidas en el plan estratégico de la PAC, si bien dentro de este paquete normativo también se han aprobado otras normas que, si bien no afectan a las ayudas de la PAC, al regular la actividad agraria también contribuyen directamente a los objetivos establecidos en el plan estratégico. Estas normas son la relativa a la protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (RD 47/2022), la que establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero (RD 992/2022), la que establece normas de sanidad y protección animal durante el transporte (RD 990/2022), la relativa al uso sostenible de los fitosanitarios (RD 1050/2022), la relativa a la nutrición sostenible de los suelos (RD 1051/2022), y la que modifica varias normas en materia de bienestar animal (RD 159/2023).
OBJETIVOS ACTUALES DE LA PAC
La novedad más importante sobre el enfoque de la nueva PAC es que el enfoque único ha sido sustituido por un sistema más flexible, con más libertad para que los EEMM de la UE decidan la mejor manera de lograr los objetivos comunes y, al mismo tiempo, responder a las necesidades específicas de sus agricultores y comunidades rurales. La política insiste menos en el cumplimiento y las normas, y más en los resultados y el rendimiento.
En cuanto a los objetivos de la PAC, actualmente es el art. 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE el que los establece, siendo éstos los mismos enunciados por el Tratado de Roma y ya mencionados al principio de la exposición. Por lo tanto, podemos asegurar que en la práctica, los objetivos de la PAC no han cambiado desde sus inicios, dado que su formulación es muy flexible y ha podido acomodar las numerosas reformas experimentadas. Se trata de objetivos que son a la vez económicos y sociales, con los que se pretende proteger los intereses de los productores y los consumidores.
No obstante, aparte de los objetivos específicos de la PAC establecidos en el artículo 39 del TFUE, varias disposiciones del Tratado incorporan otros objetivos aplicables al conjunto de las políticas de la UE, incluida la PAC. Así, también son objetivos integrantes de la PAC:
la promoción de un nivel de empleo elevado
la protección del medio ambiente con objeto de fomentar un desarrollo sostenible
la protección de los consumidores
las exigencias en materia de bienestar de los animales
la protección de la salud pública, o
la cohesión económica, social y territorial
El Pacto Verde Europeo (Green Deal) y la Estrategia «de la granja a la mesa» (From farm to fork), adoptados por la Comisión en 2019 y 2020 respectivamente, confirman el carácter transversal cada vez mayor de las cuestiones agrícolas y alimentarias. Por otro lado, en un contexto de apertura y globalización de los mercados, el TFUE establece que los principios de la política comercial común son también aplicables a los intercambios de productos agrícolas.
Además, en la última reforma se fijan a nivel de la UE tres objetivos generales y nueve objetivos específicos para el conjunto de la PAC, a fin de establecer lo que se pretende alcanzar con la política. Los 9 objetivos específicos de la actual PAC son:
1) garantizar una renta justa a los agricultores
2) aumentar la competitividad
3) reequilibrar el poder en la cadena alimentaria
4) actuar contra el cambio climático
5) proteger el medio ambiente
6) preservar los paisajes y la biodiversidad
7) apoyar el relevo generacional
8) mantener zonas rurales dinámicas
9) proteger la calidad alimentaria y sanitaria
CONCLUSIÓN
La política agraria europea está pensada para apoyar una agricultura de carácter multifuncional, que cumple diversas funciones:
ayuda a los agricultores a producir suficientes alimentos para Europa
garantiza que los alimentos sean seguros (por ejemplo, a través de la trazabilidad)
protege a los agricultores de la excesiva volatilidad de precios y de las crisis de mercado
les ayuda a invertir en la modernización de sus explotaciones
mantiene comunidades rurales viables, con economías diversificadas
crea y mantiene puestos de trabajo en la industria alimentaria
protege el medio ambiente y el bienestar de los animales.
La política agraria común ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas para ayudar a los agricultores a hacer frente a nuevos retos y adaptarse a la evolución de las demandas ciudadanas. Las sucesivas reformas han llevado a los agricultores a basar cada vez más su producción en la demanda del mercado y a dotar de mayor competitividad a la agricultura comunitaria, dado que el desarrollo constante de los mercados de exportación reviste gran importancia para el crecimiento del sector agrario comunitario.
El marco en el que se desenvuelve el comercio exterior comunitario es el establecido en los acuerdos de la OMC, y su evolución en un futuro próximo estará condicionada por los acuerdos que se adopten como resultado de la actual ronda de negociaciones que se está desarrollando con objeto de proseguir la liberalización del comercio mundial de productos agrarios iniciada con la ronda Uruguay. Además, tendrá gran importancia la aplicación de los acuerdos bilaterales de libre comercio, como el CETA con Canadá o el acuerdo entre la UE y MERCOSUR.
Además de lo anterior, cabe resaltar que la última reforma ha orientado las prioridades hacia:
- las prácticas agrarias más sostenibles
- la investigación y la divulgación de los conocimientos
- un sistema más justo de ayudas a los agricultores
- una posición más fuerte de los agricultores en la cadena alimentaria.
Ley 30/2022 por la que se regulan el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas.
Recoge las normas básicas y de coordinación para la aplicación en España del sistema de gestión de las ayudas de la PAC y otras materias conexas a partir del año 2023, incluyendo las penalizaciones y sanciones a las personas beneficiarias, así como las relativas a determinados sectores agrarios relacionados con la PAC (en el ámbito de la comercialización del aceite de oliva, la producción y comercialización de la leche y los productos lácteos, la cría de animales, la nutrición de los suelos agrarios y las Mejoras Técnicas Disponibles en las explotaciones ganaderas).
Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de intervenciones, es necesaria una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional. Por ello la ley dispone que el MAPA llevará a cabo la coordinación para la aplicación homogénea en todas las comunidades autónomas de un sistema integrado de gestión y control, así como la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en las cuestiones relativas a la condicionalidad reforzada, y la de otros departamentos ministeriales en las materias que proceda.
La ley introduce también nuevos conceptos jurídicos, de entre los que cabe destacar la definición de la condicionalidad social.
Asimismo, el hecho de que los Estados miembros cuenten con una mayor subsidiariedad en la aplicación de la PAC, hace necesario que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados a nivel comunitario se desarrollen mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las intervenciones.
Por otro lado, y con el fin de avanzar en el proceso de digitalización de la economía española, la ley impone que todos los intercambios de información necesarios para la gestión de las ayudas o cualquier otra información necesaria para la ordenación de los sectores agrarios, que se lleve a cabo entre los agricultores y ganaderos y la administración, se realicen haciendo uso de medios electrónicos. En este sentido, el texto contempla que dicha relación con la administración se lleve a cabo mediante el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX).
De manera concomitante, se establecen disposiciones para sancionar los incumplimientos, incluido un régimen sancionador en materia de comercialización de aceite de oliva, determinados ámbitos del sector lácteo, cría animal, nutrición sostenible en los suelos agrarios y el registro de mejores técnicas disponibles (MTDs), o en lo relativo a la reducción del uso de productos fitosanitarios o antibióticos.
RD 1045/2022 sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.
Establece la normativa reguladora de la conversión de los derechos de pago básico anteriores en los nuevos derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, vigentes para el periodo de aplicación 2023-2027.
Este RD regula igualmente el nuevo modelo de 20 regiones que sirve de base para el cálculo del valor de los derechos, así como las disposiciones relativas a la reserva nacional y las cesiones de derechos.
Real Decreto 1046/2022 por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader.
Establece la estructura administrativa y los procedimientos para la correcta ejecución del PEPAC. Identifica a las unidades administrativas responsables y establece las funciones de los órganos de gobernanza del plan estratégico nacional (autoridades competentes y de gestión, organismo pagador y de certificación), al tiempo que da cobertura a la estructura descentralizada de gobernanza que operará en el ámbito autonómico.
Adicionalmente, regula otros organismos como el Comité de seguimiento del plan estratégico y la Red Nacional de la PAC, que contribuyen al seguimiento de los resultados y a la difusión del plan. En ellos se da cabida al conjunto de interesados en el plan, y el Órgano de coordinación del sistema de conocimiento e innovación en agricultura, que interviene en la mejora de la interrelación en el ámbito de la innovación y la formación agroalimentaria.
También es objeto de este real decreto la coordinación interadministrativa para la gestión financiera de los fondos FEAGA y FEADER, así como para la ejecución de una serie de procedimientos en relación con la UE, entre los que destacan el examen bienal del rendimiento que llevará a cabo la Comisión Europea y la tramitación de las eventuales solicitudes de modificación del plan estratégico que se presenten para su aprobación.
Finalmente, el real decreto incluye disposiciones relativas a la gestión de instrumentos financieros como mecanismo de financiación en condiciones favorables que facilita el crédito en el sector primario.
Real Decreto 1047/2022 por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la PAC.
Desarrolla todos los aspectos del control que anteriormente se regulaban en la normativa europea y que, con la nueva PAC, que aplica el principio de subsidiariedad en el marco del nuevo modelo de rendimiento, debe diseñar cada el Estado miembro. Todo ello respetando el principio de proporcionalidad y con el doble objetivo de proteger los intereses financieros de la UE y prevenir el fraude, y de reducir la carga administrativa para la administración y para los beneficiarios. Se incluyen para ello medidas de simplificación en la gestión, fundamentalmente mediante la modernización de las herramientas de control.
Real Decreto 1048/2022 sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la PAC, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
Regula las intervenciones en forma de pagos directos: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (pago redistributivo y pago a jóvenes agricultores), las ayudas asociadas y los ecorregímenes.
Define los beneficiarios, los requisitos y condiciones aplicables para su concesión, así como las asignaciones financieras y los importes unitarios planificados mínimo y máximo para cada una de las intervenciones, y la forma de calcular la ayuda.
Además, en este real decreto se regulan los requisitos comunes que afectan a todas las intervenciones del plan estratégico, como es el caso del de agricultor activo, y las definiciones relevantes para estas ayudas. Igualmente se establecen todas las disposiciones relativas al sistema de solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
Real Decreto 1049/2022 por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la PAC que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
Establece el conjunto de obligaciones que deben cumplir los beneficiarios para poder percibir las ayudas de la PAC establecidas por superficie y animales, en el marco de los pagos directos, el Feader y el Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
La condicionalidad reforzada establece requisitos en materia de medio ambiente, cambio climático, salud pública, sanidad vegetal y bienestar animal. Así, el real decreto incluye la relación de requisitos legales de gestión, que son obligaciones establecidas en la legislación de la UE, y desarrolla a nivel nacional 10 buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), con el fin de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible, atendiendo a los desafíos medioambientales y climáticos y la nueva arquitectura medioambiental de la PAC.
Respecto de la condicionalidad social, en el real decreto se establece el procedimiento a seguir, a partir de 2024, entre las administraciones involucradas con el objeto de conseguir una agricultura socialmente sostenible mediante una mayor concienciación en cuanto a las normas que afectan a las condiciones laborales, la seguridad y la salud de los trabajadores, así como las relativas a la utilización de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1054/2022 por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.
Regula los dos principales componentes del SIEX: el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola. El decreto fija el contenido mínimo de dichos componentes, así como el papel de las distintas autoridades competentes, los procedimientos para su cumplimentación y para la puesta a disposición de las herramientas informáticas necesarias y la interoperabilidad con las herramientas comerciales.
El SIEX tiene como objetivo crear un sistema, gratuito para los ciudadanos, que permita la integración de la información existente en los distintos registros de las administraciones competentes en materia agraria para avanzar en la simplificación de trámites para agricultores y ganaderos y en la digitalización del sector agrario. El desarrollo y aplicación del SIEX cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Real Decreto 1050/2022 por el que se modifica el RD 1311/2012 que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Con este real decreto se da un paso más en la estrategia en favor de un uso sostenible de los productos fitosanitarios en la que la agricultura española lleva tiempo avanzando, con la gestión integrada de plagas como elemento básico para conseguir el objetivo de reducción del impacto de éstos.
Este real decreto establece el libro electrónico de explotación, que permitirá conocer el uso de productos fitosanitarios con detalle y casi en tiempo real. Esta información detallada y cercana será clave para la toma de decisiones y permitirá enfocar los esfuerzos en el uso sostenible de los fertilizantes solo en aquellos cultivos y explotaciones en donde sea necesario. De esta forma se evitará solicitar esfuerzos innecesarios a los agricultores que estén mejor alineados en esta filosofía de uso sostenible y gestión integrada de plagas.
Se trata de un modelo innovador en Europa que va a permitir además que los agricultores su nivel de riesgo de uso y de riesgo de productos fitosanitarios y compararlo con los niveles medios del país. Esta información debe ser clave para su toma de decisiones y para corregir de manera rápida las desviaciones.
