ÁREA 2: Tema 25.I. Las competencias de la UE. Flashcards
Introducción
La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y formada desde el 1/02/2020 por 27 países europeos, resultado de un largo proceso integrador que respondía en sus inicios al propósito de acabar con las confrontaciones entre los distintos Estados europeos y hacer resurgir a Europa de su situación tras la Segunda Guerra Mundial.
Podemos afirmar que tiene su origen en el Tratado de Roma de 1957 por el que se crean la CEE y la CEEA. Para la consecución de los objetivos fijados en el mismo, se desarrolló un mercado común que a su vez supuso avanzar en la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores con la creación de una unión aduanera. También se preveía la armonización de las políticas económicas de los EEMM y el desarrollo de políticas sectoriales comunes, especialmente en los ámbitos de la agricultura, los transportes y las relaciones comerciales con terceros países.
Los sucesivos Tratados reformatorios fueron introduciendo nuevas políticas comunes a la vez que se avanzaba en el proyecto de integración europea.
Las competencias de la UE. EL principio de atribución.
El último de ellos en firmarse, el Tratado de Lisboa, aclaró el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, introduciendo el principio de atribución en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). En virtud de este principio, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros (EEMM) en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Dicho de otro modo, las competencias europeas son competencias que los EEMM atribuyen a la UE en determinados ámbitos a través de los Tratados. Por lo tanto, el principio de atribución es la base del funcionamiento de la UE.
Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
Las competencias de la UE están definidas en los artículos 2 a 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas competencias se dividen en tres categorías principales:
> competencias exclusivas (artículo 3 del TFUE), sobre las cuales la UE es la única con potestad para legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los EEMM únicamente pueden actuar en estos ámbitos si la UE los autoriza. La UE tiene competencia exclusiva en los siguientes ámbitos:
- unión aduanera
- establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior;
- política monetaria de los países de la zona euro;
- conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común;
- política comercial común
- celebración de acuerdos internacionales bajo ciertas condiciones.
competencias compartidas (artículo 4 del TFUE), sobre las cuales tanto la UE como sus EEMM tienen capacidad para legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. No obstante, los EEMM solo pueden actuar si la UE no lo ha hecho o ha decidido no hacerlo. Las competencias compartidas se aplican en los siguientes ámbitos:
- mercado interior;
- política social, pero únicamente en aquellos aspectos definidos específicamente en el Tratado;
- cohesión económica, social y territorial (política regional);
- agricultura y pesca (excepto para la conservación de los recursos biológicos marinos);
- medio ambiente;
- protección de los consumidores;
- transporte;
- redes transeuropeas;
- energía;
- espacio de libertad, seguridad y justicia;
- problemas de sobre la seguridad compartidos en materia de salud pública, limitada a los aspectos definidos en el TFUE;
- investigación, desarrollo tecnológico, el espacio;
- cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.
> competencias de apoyo (artículo 6 del TFUE), sobre las cuales la UE solamente puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM de la UE. Los actos jurídicamente vinculantes de la UE no deben requerir la armonización de las normas de los EEMM. Las competencias de apoyo se refieren a los siguientes ámbitos de actuación:
- la protección y mejora de la salud humana;
- la industria;
- la cultura;
- el turismo;
- la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte;
- la protección civil;
- la cooperación administrativa;
- Además, la UE puede tomar medidas orientadas a garantizar la coordinación de las políticas económicas, de empleo y sociales de los EEMM.
A su vez, en función del sistema de atribución, existen dos tipos de competencias:
> Competencias explícitas, que son aquellas que están claramente indicadas en los Tratados.
> Competencias implícitas (o principio del paralelismo entre las competencias internas y externas), que son aquellas ejercidas en el ámbito exterior y derivadas de la existencia de una competencia explícita interna. Es decir, teniendo en cuenta que los Tratados otorgan a la UE competencias explícitas en un ámbito interno concreto (por ejemplo, el transporte), la UE debe tener también competencias análogas para celebrar en ese mismo ámbito acuerdos con países terceros.
Por último, el TFUE también contiene una disposición por la que se autoriza a la UE a adoptar un acto necesario para alcanzar los objetivos asignados por los Tratados cuando estos no hayan previsto los poderes de acción necesarios para alcanzar dichos objetivos. Es lo que se denomina competencias subsidiarias, y para ello se deben cumplir las condiciones siguientes:
> la acción prevista resulta necesaria para lograr uno de los objetivos de la Unión;
> ninguna disposición del Tratado prevé acciones para lograr ese objetivo;
> la acción prevista no debe conducir a ampliar las competencias de la UE más allá de lo previsto por los tratados.
Mientras que el principio de atribución establece la delimitación de las competencias de la Unión, el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establecidos también en el art. 5 del TUE:
> en virtud del principio de subsidiariedad, la UE no puede intervenir en los ámbitos que no correspondan a su competencia exclusiva a menos que los EEMM no puedan alcanzar los objetivos previstos y, en cambio, puedan alcanzarse de manera más eficaz en el ámbito de la UE. La subsidiariedad es un principio regulador del ejercicio de las competencias compartidas que sirve para determinar si la Unión es competente para legislar en un ámbito determinado en el que existan competencias compartidas o si debe dejar actuar a los Estados miembros.
> En virtud del principio de proporcionalidad, la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. En otras palabras, el contenido y la forma de la acción deben guardar proporción con la finalidad que se persigue.
La comitología
Como he comentado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad los principales responsables de ejecutar la legislación europea son los EEMM. Sin embargo, cuando una norma europea requiera condiciones de ejecución uniformes, la norma en cuestión suele atribuir competencias de ejecución a la Comisión o, excepcionalmente, al Consejo de la UE (en el ámbito de la PESC).
El término «comitología» se refiere al conjunto de procedimientos mediante los cuales la Comisión Europea ejerce las competencias de ejecución atribuidas por el legislador de la UE con la asistencia de los comités de representantes de los EEMM. De este modo, mediante la comitología los EEMM de la UE supervisan el modo en el que la Comisión Europea aplica la legislación.
Se recurre a la comitología cuando una determinada norma jurídica europea atribuye poderes de ejecución a la Comisión y además contempla que la asista un comité. Por lo tanto, la comitología no es obligatoria en todos los casos, si no solamente cuando el acto de base lo exige.
Los comités son foros de debate compuestos por representantes de los Estados miembros y presididos por la Comisión que permiten a ésta entablar un diálogo con las administraciones nacionales antes de adoptar medidas de ejecución. De este modo, la Comisión se asegura de que las medidas se adapten lo mejor posible a la realidad de cada país.
Cuando la Comisión debe aprobar medidas de ejecución, el Reglamento 182/2011 que regula la comitología contempla dos procedimientos:
> procedimiento de examen: sobre todo para medidas de alcance general o medidas que puedan tener un impacto importante (por ejemplo política agraria). Las votaciones se realizan por mayoría cualificada (MC):
- MC a favor: la Comisión está obligada a adoptar el acto
- MC en contra: la Comisión no puede adoptar el acto
- no hay MC: la Comisión puede elegir
> procedimiento de consulta: para todas las demás medidas de ejecución. En este caso la Comisión decide, pero debe tener en cuenta en la medida de lo posible la decisión del comité.
Ambos procedimientos requieren el dictamen de un comité compuesto por representantes de todos los países de la UE y presidido por un representante de la Comisión. En el acto de base se establece qué procedimiento se debe seguir.
Existen más de 300 comités. Podemos poner como ejemplo el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (SCOPAFF) o el Comité de la OCM (en el ámbito de la PAC).
Las cooperaciones reforzadas
El Tratado de Ámsterdam creó la posibilidad formal para algunos Estados miembros de establecer entre ellos una cooperación reforzada en el marco de los Tratados, a través de las instituciones y de los procedimientos de la UE. Es lo que se denomina también “Europa de distintas velocidades”.
La cooperación reforzada es un procedimiento que permite que un mínimo de 9 EEMM establezcan una integración o cooperación avanzada en un ámbito determinado sin la participación de los demás EEMM. De este modo, pueden progresar según ritmos u objetivos diferentes a los establecidos para aquellos que no participan en la cooperación reforzada. Este procedimiento está diseñado para superar la parálisis, cuando una propuesta es bloqueada por un único país o por un pequeño grupo de países que no desean participar en la iniciativa. Sin embargo, no permite una ampliación de las competencias de la UE más allá de las recogidas en los tratados europeos.
La autorización para proceder con la cooperación reforzada la concede el Consejo, a propuesta de la Comisión y después de obtener el consentimiento del Parlamento Europeo.
Desde 2013, este procedimiento se está utilizando en los ámbitos de la normativa aplicable al divorcio y las patentes, además de estar aprobado para el ámbito de un impuesto sobre las transacciones financieras.
La política industrial de la UE
La industria tiene una gran relevancia en la UE, pues representa, junto con sus actividades conexas, más del 50% del empleo privado y el 75% de las exportaciones.
La política industrial común tiene como objetivo aumentar la competitividad de la industria europea para que pueda mantener su papel impulsor del desarrollo económico y del empleo en Europa.
La política industrial de la UE está específicamente encaminada a:
1) fomentar un entorno favorable al desarrollo de las empresas y, en particular, de las PYMES, puesto que representan el 98% de las empresas de la UE y proporcionan el 67% del empleo
2) favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de I+D+i
Ámbitos de la política industrial
Algunos de los ámbitos de actuación más relevantes de la política industrial son:
- garantizar el correcto funcionamiento del mercado único, eliminando los obstáculos al comercio.
- proteger la seguridad de los consumidores, elaborando normas armonizadas que regulan el mercado único de los productos, prestando especial atención que sean seguros. En este contexto destaca el marcado CE, con el que se indica la conformidad de un producto a la legislación de la UE.
- garantizar que las empresas de la UE puedan competir a escala mundial, fomentando su acceso a los mercados. Así, por ejemplo, el procedimiento de notificación en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC permite a la Comisión hacer un seguimiento de los requisitos para productos que efectúan nuestros socios comerciales, a fin de intervenir cuando obstaculicen el comercio de forma injustificada.
La UE coopera a nivel internacional para mejorar el entorno empresarial, reducir las barreras al comercio y la inversión y promover una normativa común para los productos industriales.
- negociar acuerdos sobre los reglamentos técnicos y las evaluaciones de la conformidad aproximando las normas y reglamentaciones técnicas aplicadas dentro y fuera de la UE, para facilitar la libre circulación de los productos industriales. Ej: Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos Veterinarios (VICH).
La UE promueve la cooperación reglamentaria con sus socios comerciales exteriores más importantes, con el fin de armonizar los reglamentos técnicos o garantizar su compatibilidad, o bien reconocer mutuamente los resultados de los ensayos y las evaluaciones de la conformidad, y así facilitar las exportaciones. Este es uno de los aspectos clave en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio.
La política de investigación e innovación de la UE
La política de investigación e innovación de la UE ha ocupado un lugar destacado en la legislación europea desde la firma de los primeros Tratados comunitarios, y es planificada y financiada mediante programas marco plurianuales. Desde la aprobación del primer programa marco en 1983, los programas marco sucesivos han prestado apoyo financiero a la aplicación de las políticas de la Unión en materia de investigación e innovación. La amplitud, alcance y ambición de estos programas ha venido aumentando progresivamente, y su objetivo también ha evolucionado desde el apoyo a la cooperación transfronteriza en el ámbito de la investigación y la tecnología hasta la promoción de una auténtica coordinación europea de las actividades y las políticas.
Durante el período 2021-2027, esta política se articula a través del Noveno Programa Marco de Investigación e Innovación, llamado Horizonte Europa (Reglamento 2021/695), cuyo objetivo es generar un impacto científico, tecnológico, económico y social a partir de la I+i a fin de fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la Unión y fomentar su competitividad, cumplir las prioridades estratégicas de la Unión y contribuir a la realización de sus objetivos y políticas y hacer frente a los desafíos mundiales, incluidos los ODS. El Programa se estructura en tres pilares:
a) Excelencia científica, para reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial.
b) Europa innovadora, que comprende el Consejo Europeo de Innovación, los ecosistemas de innovación europea y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
c) Desafíos mundiales y competitividad industrial europea, que agrupa la investigación en siete bloques, entre los que se encuentran la salud, el clima, los recursos alimentarios, la bioeconomía, los recursos naturales, la agricultura y el medio ambiente.
Con un presupuesto de 95.517 millones de euros, Horizonte Europa es el Programa Marco con el mayor presupuesto hasta la fecha. En este sentido, cabe destacar que en respuesta a la crisis de la pandemia de COVID-19, en 2020 la Comisión presentó propuestas legislativas a fin de permitir financiación adicional desde el instrumento de recuperación de la Unión (llamado «Next Generation EU») al programa Horizonte Europa.
Asociación Europea de Innovación en agricultura productiva y sostenible
Por otro lado, la Estrategia “Europa 2020” otorgó a la investigación y la innovación un papel esencial a la hora de afrontar los retos del presente y del futuro. La Unión por la Innovación era una de las siete iniciativas emblemáticas enmarcadas en dicha estrategia, y dentro de ésta se crearon unos nuevos instrumentos, las Asociaciones Europeas de Innovación (AEI) (European Innovation Partnership o EIP, en inglés), cuyo objetivo es tratar de resolver problemas específicos o aprovechar oportunidades de determinados sectores estratégicos para la UE, tanto por su importancia social como por su potencial económico y de empleo.
En el ámbito que nos ocupa, cabe destacar la AEI en agricultura productiva y sostenible (“EIP-agri”, en inglés) tiene el objetivo de lograr una agricultura más competitiva, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a garantizar un suministro estable de alimentos, piensos y biomateriales.
Además, cabe recordar que de acuerdo con los objetivos de la PAC, la innovación se considera una prioridad transversal indispensable para lograr dichos objetivos. Es por ello que la EIP-agri se ha venido implementando a través de los Programas de Desarrollo Rural (PDRs), en el caso de España, tanto de los PDRs autonómicos como del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y, desde 2023, se incluye dentro del PEPAC español como una de las intervenciones del segundo pilar.
A efectos prácticos, los actores principales de la implementación de la EIP son los grupos operativos (GOs), formados por un lado por aquellos agentes interesados en resolver o abordar un problema concreto o aprovechar una oportunidad mediante la innovación, y por otro por aquellos agentes y entidades que puedan proporcionar soluciones. Los GOs por tanto ponen en contacto a todas las partes interesadas (problema-solución) y se les dota de apoyo económico.
La misión del GO es definir un proyecto concreto para intentar resolver un problema o aprovechar una oportunidad determinada en los sectores agrario, forestal y alimentario. Los grupos estarán formados por, al menos, dos componentes, y podrán ser agricultores, ganaderos, investigadores, empresas, asesores, empresas del sector agroalimentario, entre otros.
Puesto que un pilar fundamental de la innovación es el intercambio de conocimientos y la divulgación, la puesta en común de los grupos operativos y de sus proyectos se realiza a través de la Red Nacional de la PAC y la Red Europea EIP. Además, los resultados de dichos proyectos son de acceso público, para potenciar el acceso del sector agroalimentario y forestal a los resultados y maximizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La I+D+i en otras políticas comunes
Por último, cabe recordar que la política de I+D+i en la UE es horizontal, por lo que, además de en la PAC, se encuentra presente en gran parte de las políticas comunes, como los Fondos Estructurales FEDER, Fondo de cohesión o Fondo Social Europeo, la PPC y el FEMPA…
La política de comunicaciones de la UE
La política de comunicaciones puede ser entendida desde una doble perspectiva:
> intercambio de información entre las instituciones y los ciudadanos
> conexión de las diferentes regiones de la UE a través de los medios de transporte y la infraestructura
La política de comunicaciones de la UE: Política de comunicación como intercambio de información
La política de comunicación como intercambio de información entre las instituciones y los ciudadanos europeos no responde a disposiciones específicas de los Tratados, sino que es una consecuencia natural del deber que tiene la Unión de explicar al público su funcionamiento y sus políticas, así como la integración europea en general.
La comunicación con los ciudadanos ha sido siempre una de las principales preocupaciones de las instituciones europeas, con la intención de fomentar la confianza en el proyecto europeo e informar al público sobre las políticas de la Unión y sobre cómo afectan a su vida cotidiana. Al disponer de esta información, los ciudadanos europeos están en mejores condiciones para ejercer su derecho a participar en la vida democrática de la Unión.
La política de comunicaciones de la UE: Política de comunicaciones como conexión de las diferentes regiones de la UE a través de los medios de transporte
Por su parte, la política de comunicaciones entendida como conexión de las diferentes regiones de la UE a través de los medios de transporte y la infraestructura va unida a la política de transportes.
La política de transportes de la UE
Los Estados miembros ya recalcaron la importancia de una política común de transportes en los Tratados de Roma dedicándole un título propio, puesto que el transporte es esencial para cumplir tres de las cuatro libertades del mercado común establecido en el Tratado de Roma: la libertad de circulación de personas, servicios y mercancías.
Así, el transporte pasó a ser uno de los primeros ámbitos políticos comunes de la Comunidad, con la prioridad de crear un mercado común de transportes mediante la libre prestación de servicios y la armonización de las disposiciones legales de los Estados miembros en materia de transportes.
Sin embargo, la política común de transportes avanzó muy poco hasta los años ochenta, en gran medida porque los gobiernos nacionales se mostraron reacios a ceder el control de sus redes de transporte nacionales y también a causa de las grandes diferencias entre las normas y las estructuras de transporte de cada país. Por esta razón el Parlamento Europeo presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso por omisión del desarrollo de esta política contra el Consejo. El Tribunal de Justicia instó al Consejo a actuar, poniéndose así verdaderamente en marcha la política de transportes.
Desde entonces, el transporte en la UE ha progresado considerablemente, y actualmente supone el 4,5% del empleo total en la UE, y aproximadamente el mismo porcentaje del PIB. Además, unas buenas redes de transporte son también esenciales para las exportaciones: por ejemplo el transporte marítimo mueve el 90% del comercio exterior de la UE. Por otro lado, el transporte representa el 2º gasto más importante del presupuesto doméstico, tras el dedicado a la casa.
A través de la política de transportes la Unión ha puesto en marcha una serie de proyectos tecnológicos ambiciosos que permitirán mejorar el transporte en la UE, como:
> el sistema europeo de navegación por satélite Galileo,
> el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario y
> la mejora de la infraestructura de gestión del tráfico aéreo.
Cabe resaltar que en 2019 la UE aprobó el Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte, cuyo objetivo es establecer progresivamente una comunidad de transporte entre la Unión Europea y la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y la República de Serbia, y crear de este modo una red de transporte eficaz con los países vecinos de la UE.
Redes transeuropeas de transporte
A lo largo de las últimas décadas, la evolución de la política de transportes europea ha contribuido a consolidar el mercado interior de la UE gracias a la apertura de mercados nacionales como el sector aéreo y el ferroviario. Además de esta apertura de mercados, para conseguir que los ciudadanos puedan moverse libremente por toda la UE en medios de transporte de calidad también es fundamental ampliar y modernizar las infraestructuras para crear redes transfronterizas en las distintas formas de transporte.
Esta es la razón por la que el Tratado de Maastricht de 1992 confirió a la Unión la tarea de contribuir al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, a fin de contribuir al desarrollo del mercado interior, reforzar la cohesión económica y social y acercar el territorio de la Unión a los países terceros vecinos.
En 2013 se inició una reforma fundamental de la red transeuropea de transporte con el fin de transformar la actual red de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos en una red integrada que abarque todos los EEMM. Con la RTE-T, la UE pretende la creación de una red principal para 2030, que estará alimentada por una amplia red de rutas regionales y nacionales que convergerán en ella.
Transporte y medio ambiente
Paralelamente al avance del desarrollo del mercado interior único y de la política de transportes, han aumentado los volúmenes transportados, tanto de personas como de mercancías, lo que ha hecho también aumentar la contaminación derivada.
El transporte genera actualmente casi ¼ parte del total de emisiones de GEI de la UE, siendo el segundo mayor emisor de dichos gases después del sector energético.
El Tratado de Maastritch incluyó también los requisitos de protección del medio ambiente en la política de transportes, y por ello ha adquirido una importancia creciente el principio de la «movilidad sostenible», que trata de garantizar la movilidad minimizando al mismo tiempo las emisiones mediante el desarrollo de medios de transporte no contaminantes y la creación de cadenas de transporte que combinen dos o más modos de transporte.
Más recientemente, el Libro Blanco de 2011 sobre los transportes aboga por una reducción de las emisiones con medidas como:
- la utilización de combustibles hipocarbónicos en el sector aéreo
- la reducción de la proporción de automóviles de propulsión tradicional en el transporte urbano
- en el caso de los transportes de mercancías por carretera, la desviación de parte del transporte de mercancías hacia el ferrocarril o la navegación,
- triplicar la longitud de la red de ferrocarril de alta velocidad existente y hacer que la mayor parte del transporte de pasajeros de media distancia se realice por ferrocarril
